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Con lo explicado en la parte anterior, un analista puede aproximarse a las nuevas cooperativas venezolanas y precisar las falsas, que son numerosas. Falsas son las de maletín, como se afirmó, pero también las constituidas como de trabajo asociado con claras intenciones de beneficio personal en cuanto a exoneraciones impositivas, educativas y de salud propias de las genuinas cooperativas y detrimento de quienes aportan su fuerza de trabajo. Entran en este conjunto varias de recolección de basura y limpieza; de instaladores de líneas telefónicas, eléctricas y acueductos; de construcción y mantenimiento de vías y edificios públicos; de transportistas de hidrocarburos y de personal de empresas públicas; y de ensamblaje de motos y artículos electrodomésticos, entre otras.
Falsas son las de transporte con avances que pagan rentas; las que fungen como taxis con motos (mototaxis) y no llevan registros de asociados; las financieras y de seguros que olvidan el mutualismo y son caparazones de aseguradoras y vendedoras de vehículos privadas que se benefician de las "economías de escala"; las supuestas de consumo dedicadas a venta de alimentos, y las dedicadas a la compra-venta de papelería, de artículos electrodomésticos y de repuestos de vehículos.
Sin ser taxativos, falsas son todas aquellas que: 1.- Realicen a conciencia actividades diferentes a las estatutarias y al espíritu del Acto Cooperativo como las mercantiles; 2.Mantengan premeditadamente bajos los montos de los certificados de aportación para cubrirse de posibles acciones legales; 3.- Disfracen relaciones de dependencia laboral; 4.- Usen testaferros, y oculten activos o vacíen de activos la empresa para eludir responsabilidades ante posibles demandas; y 5.- Evadan impuestos, logren apoyos, contratos y créditos que con otra figura no obtendrían.
Es oportuno recordar que las cooperativas de maletín y el resto de las falsas toman impulso a raíz del boom cooperativo impulsado por un primer mandatario sin concepto y direccionalidad; a su llamado respondieron ciudadanos de buena fe, otros por viveza criolla, otros con intereses políticos como los militantes de círculos bolivarianos, pero también directivos de empresas públicas, particularmente de PDVSA y de las empresas de Guayana que obligaron a proveedoras a constituir cooperativas o convertirse en ellas, a cambio de algunos beneficios.
La Superintendencia de Cooperativas (Sunacoop) y el SENIAT tienen la palabra.
Fiscalicen esas cooperativas, aplíquenles el peso de la ley, obliguen a sus dueños a pagar impuestos acumulados, y ciérrenlas definitivamente.
