ALFONSO OLIVO DÍAZ
consejocooperativolara@gmail.com
Barquisimeto
Difícil situación atraviesan las cooperativas, especialmente las de servicios que trabajan para un tercer contratante (sin ser tercerizadas), este tipo de cooperativas producto de nuestra actual Ley Especial de Asociaciones Cooperativas "LEAC" en su artículo 37 y plenamente reconocida como Contratistas en la LOTTT como lo norma el artículo 49 de la citada Ley, viene siendo perseguidas, vulnerados sus derechos como organizaciones asociativas, por parte de las Inspectorías del Ministerio del Trabajo y los Juzgados de Juicios Laborales, negando el derecho Constitucional de asociatividad reconocido en la CRBV a través del artículo 118.
La situación económico que vive el país, requiere del concurso de distintos actores sobre todo los que producen las fuentes primarias de alimentación y la cadena de servicios necesarios para completar este eslabón socio-productivo, el Modelo cooperativo o las formas cooperativas de paliar y dar respuestas a necesidades de las comunidades organizadas, ha sido probada su eficiencia desde hace más de 50 años. En los años 2002 al 2008 se alabó, se apoyó, se divulgó hasta la saciedad las bondades del modelo cooperativo, el cual fue usado, fue desvirtuado por funcionarios inescrupulosos y corruptos, achacándole todos los desaciertos a las cooperativas y con ello al modelo.
Con este enfoque hoy en día ocurren todas las acciones que narramos al inicio del este artículo, se pasó del apoyo incondicional y sin mayores tramites a una predisposición a negar, permitir y aceptar la participación plena de las asociaciones cooperativas en la contratación de obras y servicios, con empresas del estado o particulares.
Igual situación ocurre con la tramitología y burocracia impuesta a las cooperativas a la hora de solicitar y obtener documentos básicos y necesarios como las guías del Sada, Solvencias del Ivss, Inces, Licencia de Funcionamientos y hasta el Certificado de Cumplimiento que expide Sunacoop, Institución esta que debe ser de apoyo y reguladora de las actividades de las cooperativas, la cual no aparece ni representa al sector cooperativo, ni sale en defensa de estas cuando son conculcados derechos por parte otros organismos gubernamentales.
Enrarecido el panorama en nuestro día y fecha, no queda sino, que sea el propio movimiento cooperativo el que actúe en consonancia con nuestro espíritu solidario y los valores presentes siempre en el modelo cooperativo de gestión el que impulse, una economía social, no especulativa, que lleve implícito lo democrático y solidario. Las organizaciones de la economía social contribuyen al cambio Institucional, a la democratización de la sociedad, porque pueden generar y extender espacios de solidaridad a través de la realización de actividades necesarias a ciertos grupos sociales y descuidadas por las Empresas del Estado y el sector Privado.
