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Dos reformas agrarias, 1959 y 1963, facilitaron la intervención estatal en el campo cubano liquidando latifundios y convirtiendo al Estado en uno mayor con el 71% de las tierras. Los campesinos, con sus pequeñas parcelas y ante la desaparición del Banco de Fomento Agrícola e Industrial en 1960, organizaron Cooperativas de Crédito y Servicios (CCSs) para créditos, insumos, y comercialización. El Estado constituyó cooperativas cañeras.
Para 1989 con solo CPAs y CCSs el sector no estatal participaba con el 26% de la superficie agrícola. Para el 2004, sumando las UBPCs y más de 250.000 privados, el 65% y el 76% del área cultivada, produciendo el 90% de las hortalizas, más del 90% del tabaco, y más del 80% del arroz; ese año las CPAs tenían 600 poblados con comedor, cafetería, médico, y escuelas, y junto a las CCSs poseían 770 puntos de venta en el país a precios más bajos que en los mercados y sin pasar por una burocracia de distribución al estilo Mercal, y vinculadas a sus comunidades con entrega de alimentos a guarderías, ancianatos y maternidades.
A partir del 2007 se intensificó el reparto bajo usufructo de tierras pasando el sector no estatal de 18 % en 1989 al 74 % en el 2010. Para el 2009 las CCSs y los privados presentaban promedios superiores a los de las CPAs con un 57% del total de alimentos con solo el 24,4% de la tierra cultivable, producían el 56% de la leche Vs. el 15% de las empresas estatales, y disponían del 55% del ganado vacuno y el 59% del porcino. Las CPAs tienden a desaparecer por problemas de relevo y sentido de pertenencia.
El relativo éxito cooperativo, estudiado in situ por el autor, se logra a pesar del control estatal, de la intervención del Partido, y de intereses de “burócratas en la ANAP”: Los campesinos comprendieron lo empresarial de las cooperativas y las ventajas de la economía de escala y del trabajo en equipo. Se suma el reconocimiento de la propiedad privada en donde no cabe otra reforma agraria. ¡Qué ironía!: Mientras los cubanos reconocen las bondades del cooperativismo y de la propiedad privada contra la pobreza, el gobierno venezolano, el mayor latifundista del país, sepulta cooperativas y estatiza unidades productivas.