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En Venezuela desde la
segunda mitad del siglo XX se ha impulsado en varios períodos de gobierno procesos
de promoción de cooperativas que han terminado produciendo creaciones
artificiales, sin sostenibilidad y totalmente contrarias a la práctica de la
cooperación y el emprendimiento asociativo. Desde el gobierno del Gral. López
Contreras hasta el actual, con mayor ó menor
intensidad y desaciertos, se ha intentado trasvasar una porción –aunque
minúscula dado su alto volumen- de la renta petrolera a la población popular
para la creación masiva y expansiva de asociaciones cooperativas.
Estos procesos han tenido
como eje el suministro voluminoso y poco riguroso de créditos a grupos
constituidos improvisadamente y sin formación previa, atentando contra los
valores cooperativos universalmente reconocidos de generación de cooperativas
con aportes propios, afiliación voluntaria de sus integrantes y educación
cooperativa permanente. Gran parte de las cooperativas promovidas por sacerdotes
católicos en barrios populares en los años 60 con estos criterios existen y se
han consolidado, en tanto se calcula que no más del 10% de los grupos que
recibieron unos 70.000 créditos otorgados a cooperativas entre 2003-2008 estén
funcionando.
La mentalidad rentista en la
promoción cooperativa presente en líderes gubernamentales y en la población, le
atribuye a la masiva distribución de dinero gubernamental un carácter mágico
para lograr una rápida y poco esforzada creación de estas asociaciones. De esta
manera se sobredimensiona el rol del Estado en las iniciativas para su creación
y se subestima el aporte de sus potenciales integrantes, los cuales serían
seres pasivos, carentes, que esperan los recursos y la tutela del gobierno para
activarse.
Esta lógica de promoción ha
demostrado durante medio siglo ser desacertada y conducir a serios fracasos y
pérdida de recursos. Por el contrario, en Venezuela existen vigorosas y
sustentables experiencias cooperativas en la producción de bienes y servicios
que basadas en sus propios recursos, organización y responsabilidad social han
generando impactos significativos en sus entornos comunitarios.
Tales experiencias han
asumido –desde hace ya varias décadas- la producción y distribución de
alimentos hasta la organización de servicios de salud y distribución de gas
doméstico con un significativo grado de sostenibilidad, demostrando
incontrastablemente que en las comunidades populares hay capacidades y recursos
para la producción, que hay gente emprendedora que no busca en el subsidio
estatal su modo de vida y que tiene aspiraciones por desarrollarse como persona
y como colectivo social con base en su trabajo autónomo, sus esfuerzos y su
responsabilidad frente a las necesidades de las comunidades donde existen.
