El derecho a un futuro

Artículo de Marino Alvarado Betancourt.
Coordinador de PROVEA*

twitter: @marinoalvarado

La Red Internacional Social Watch de la cual forma parte Provea publicó recientemente su Informe 2012: Desarrollo sustentable: El derecho a un futuro. El informe cubre un análisis de 66 países.

Expresa la Red que en todas partes, las crecientes desigualdades y la desregulación de las finanzas están despojando a la gente de lo que por justicia le corresponde de los beneficios de la prosperidad mundial.

Nuestros niños y niñas heredarán la carga de la desforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y del cambio climático. Frente a esta situación la Red afirma que para revertir esta tendencia, la promesa de dignidad universal que comportan los derechos humanos tiene que ser puesta en práctica y los derechos de las futuras generaciones deben ser reconocidos y defendidos a carta cabal.

A fin de monitorear las tendencias en materia de necesidades insatisfechas en todo el mundo, Social Watch ha desarrollado un Índice de Capacidades Básicas (ICB) que combina las tasas de mortalidad infantil, el número de partos atendidos por personal especializado y las tasas de matricula en la escuela primaria. Tomados en conjunto estos indicadores de bienestar básico dan nociones de lo que debería ser considerado un “piso social mínimo”. Sumados deberían llegar al 100%, lo que significa que ningún niño dejaría de estar matriculado en la escuela, ninguna mujer debería dar a luz sin atención profesional y ningún niño nacido vivo —o menos del 1%— debería morir antes de su quinto cumpleaños, pues la causa principal de esas muertes evitables es la malnutrición y la pobreza.

Los indicadores computados en el ICB son parte de metas acordadas internacionalmente, que reflejan un piso social mínimo que debería lograrse. Por debajo, hay un déficit de dignidad. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos tenían la meta de lograr dignidad para todos y ese fue el compromiso que asumieron los líderes mundiales en la Declaración del Milenio en el año 2000 en el Quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Los jefes de Estado y de gobierno en esa oportunidad se comprometieron a: “No  escatimaremos esfuerzos par a  liberar  a nuestros  semejantes, hombres, mujeres y niños, de las  condiciones  abyectas y deshumanizadoras de  la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos.”

Pero el mundo está muy lejos de lograr estos objetivos básicos. La razón evidente de este mal desempeño de los indicadores sociales es la creciente desigualdad en el seno de los países, y entre ellos mismos.

Venezuela es uno de los pocos países donde las desigualdades han disminuido en la última década. En 1999 el índice de desigualdad en Venezuela estaba en 0,49.  El valor del índice para el promedio de la década 2000-2010 fue de 0.43. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Se mantienen importantes índices de desigualdad y todavía la pobreza extrema abarca más del 7% de los hogares.

PROVEA: organización de derechos humanos, reconocida internacionalmente, y que ha venido desarrollando una labor importante en materia de vivienda, salud, y otros derechos fundamentales de los seres humanos.